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Mucho se ha escrito sobre la democracia argentina y los cambios que en ella se han operado desde su retorno en el año 83. Atrás quedó la etapa de los grandes partidos nacionales, de los modelos de representación vinculados casi exclusivamente con ellos. La crisis del alfonsinismo, la frustración de la primavera democrática y la salida anticipada del gobierno radical terminaron con una visión ingenua y optimista del proceso democrático.
Desde esos días, la palabra “crisis” siempre estuvo asociada a lo partidario, a la legitimidad política y, en última instancia, al escenario de lo público como terreno de disputa. Como si fuera un movimiento de pinza, los indultos menemistas y la vorágine comunicacional socavaron los últimos cimientos de ese modelo de representatividad política, provocando una implosión sobre las estructuras militantes, tanto partidarias, gremiales como sociales.
La Ciudad de Buenos Aires fue testigo privilegiado de esta nueva realidad. En ella nació la fuerza que forzaría a reconocer por primera vez el fin del bipartidismo. El Frente Grande y más tarde el Frepaso, catalizador de la más grande diáspora política argentina, fueron los autores intelectuales de la Constitución de la Ciudad, en su tiempo, considerada la más avanzada y progresista del país.
En ese texto fundacional, se deja ver claramente la intensión de generar un marco institucional que dé cuenta de los nuevos paradigmas de construcción de representatividad y legitimidad política. Si la democracia estaba en crisis, los partidos lo estaban también; la apuesta fue crear instrumentos que reconstruyeran las intermediaciones políticas.
Las Comunas fueron una apuesta fuerte de esa Carta Magna. Haberles dado rango constitucional fue la única garantía de que hoy existan, en un estado prenatal, pero con posibilidades de ser: con años de retraso, la ciudad de Buenos Aires finalmente terminó de poner en funcionamiento su último eslabón institucional.
La descentralización de funciones gubernamentales es un proceso harto conocido y practicado en ciudades de este y otros países. Esta propia Ciudad comenzó hace mucho su desconcentración administrativa. Lo novedoso de este modelo comunal no fue eso, sino que simultáneamente se lo proponía como una descentralización política y administrativa con competencia territorial. Las Comunas, con limitaciones que las alejaban de un municipio bonaerense pero con suficiente autonomía para estimular una nueva generación de dirigentes, incomodaron desde un principio a toda la clase política porteña.
Hoy tenemos comuneros o miembros de las juntas comunales electos pero no en funciones. El proceso está siendo boicoteado sistemáticamente por el macrismo. En el área encargada del proceso de descentralización, colocaron a un oscuro funcionario sin atributos ni solvencia en la materia. Un proceso de estas características, en una ciudad con las complejidades de Buenos Aires, es un desafío que requiere conocimiento técnicos, experiencia de gestión y muñeca política. Todos estos son elementos desconocidos en la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
La Ley Orgánica de Comunas, Nº 1.777, es un texto seguramente mejorable pero de un indudable valor, ya que es una guía precisa de las misiones y funciones, responsabilidades y límites de las Comunas. Establece pautas concretas y caracteriza con claridad todos los resortes de este nuevo estamento estatal. La Constitución y esta ley le dan a este proceso uno de los datos más llamativos y novedosos: ponen en cabeza de un órgano colegiado (las juntas comunales) funciones ejecutivas. Esto implica la construcción de niveles de consenso político para lograr mayorías, seguramente, tema de interés para el Dr. Zaffaroni.
En la actualidad, tres fuerzas políticas están representadas en las 15 comunas. En primer lugar el PRO; el Frente para la Victoria y, por último, lo que fue alguna vez se llamó Proyecto Sur. Sin embargo, las realidades son distintas en cada una de ellas. Por ejemplo, la Recoleta (Comuna 2) consagró a 5 comuneros del PRO, 1 del FpV y otro ex Proyecto Sur. En la Comuna 15, el electorado fue mucho más equilibrado: 3 del PRO, FpV y 1 de ex Proyecto Sur.
En poco tiempo llegaremos al tercer aniversario de la puesta en funcionamiento de las juntas comunales. El Gobierno de la Ciudad, violando un sinfín de normas, como la Ley 70 (de Gestión y Administración Financiera) impide que las Juntas Comunales puedan hacer uso del presupuesto; dejándolas en una situación de semi clandestinidad, la gestión PRO se ha negado a transferir los recursos que les corresponden. Sin ir más lejos, el área encargada de la descentralización, en lugar de ceder funciones, las concentra, creciendo exponencialmente en presupuesto, personal y responsabilidades. Hace pocos días, el Sr. Macchiavelli, secretario del área, declaró a un medio barrial: “mucha gente no asume que las comunas son parte del Ejecutivo”. Alguien, rememorando a Bill Clinton, contestó: “no es la gente; es la Constitución, estúpido”.
Las comunas son una oportunidad para tener una Ciudad mejor gestionada pero, sobre todo, más democrática. Cuando lo mediático condiciona y aleja al ciudadano de a pie, la posibilidad de tener una intermediación política cercana asume una importancia singular. Buenos Aires puede ser pensada como un territorio asible, con autoridades con capacidades políticas originadas en el voto popular y no en la delegación de un funcionario nacional o distrital. Asimismo, están pensadas para gestionar mejor y en sintonía fina con la gente; nos proponen un sistema equilibrado, transparente y con pluralidad política. El gobierno del PRO apuesta decididamente a su fracaso. Si la historia institucional de la Ciudad de Buenos Aires tuviera la generosidad de guardarle un lugar a nuestro Maquiavello de cabotaje, éste no será gratificante para su descendencia.
Por Luis Cúneo – Miembro de la Junta Comuna Nro. 15
Por La Fábrica Porteña
