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Proyecto de LEY ANTIPIQUETES
Jonatan Emanuel Baldiviezo*
El kirchnerismo presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objeto de reglamentar las manifestaciones públicas, las protestas, los piquetes. El proyecto de ley precisamente se llama “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas”. Esto fue anunciado al principio de Marzo de este año por la Presidenta en el contexto de la ocupación de predios aledaños a la Villa 20 a la vez que recordaba que el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue procesado por haber desalojado un corte en la Autopista Panamericana. Repitió la trillada frase de que “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles impidiendo que la gente vaya a trabajar”. Sabemos que toda reglamentación implica una limitación del derecho. ¡No todo derecho es absoluto! Esto es olvidado cuando se refiere a la propiedad privada y a las inversiones extranjeras. Un gobierno que se autoproclama popular nuevamente utiliza su fuerza institucional para pretender legitimar la represión de las protestas. Desde hace tiempo el kirchnerismo viene preparando el terreno a través de la aprobación de la ley antiterrorista en los años 2007 y su reforma en el año 2011 bajo la excusa de presiones de organismos internacionales. Esta última en el contexto de generalizadas protestas principalmente ambientales cuya última acción de resistencia abarca los piquetes e impedir el inicio de las obras y actividades extractivas.
También una vasta experiencia advierte que el kirchnerismo no acepta críticas ni cuestionamientos tanto en su interior como desde afuera. Pero hasta los últimos meses el discurso frente a las protestas de los sectores populares y trabajadores había sido de tolerancia y no represión, salvo los primeros exabruptos por los años 2003 y 2004 de Aníbal Fernández (Ministro del Interior en aquéllas épocas) cuando acusaba a los piqueteros de no querer trabajar o que deben desaparecer. Difícil que un gobierno que nació como producto de las grandes protestas y manifestaciones del 2001/2002 abiertamente tenga un discurso en contra de las protestas y piquetes y se muestre ingrato a una de las causas de su surgimiento.
Incluso otorgó vía libre para que desde el Nuevo Ministerio de Seguridad comandado por ese entonces la Ministra Nilda Garré y el Consejo de Seguridad Interior se elaboraran protocolos para avanzar en profundas reformas en el campo de las políticas públicas relativas a la seguridad. Entre dichos protocolos se encuentra el referido a “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” (2011). En este protocolo se establece que las fuerzas de seguridad deben garantizar un adecuado control del tránsito a fin de minimizar los inconvenientes sin hablar de liberar el tránsito ni parcialmente. También dispone la prohibición de portar armas de fuero para las fuerzas de seguridad, de no poseer municiones de poder letal y la utilización de pistolas lanza gases. Determina que las balas de goma sólo pueden ser empleadas con fines defensivos pero en ningún caso para dispersar una manifestación.
Pero en los hechos, para no contrariar el discurso, empleó el mecanismo de la tercerización de la represión, la persecución judicial o criminalización de la protesta y la utilización de las fuerzas policiales provinciales, salvo en casos paradigmáticos en los que intervinieron fuerzas federales asesinando a manifestantes como en el desalojo del Parque Indoamericano a fines del año 2010 o el desalojo que realizó Sergio Berni en la Panamericana. Constantes fueron los confrontamientos entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional porque éste último había adoptado la posición de no intervenir en las manifestaciones o cortes que se realizaban en la Ciudad dejando ese trabajo a la policía Metropolitana.
El Gobierno tiene plena conciencia que estos mecanismos de control social ya no son suficientes cuando se están implementando políticas de ajuste que llevan a la reminiscencia de las columnas del pensamiento neoliberal (devaluación, inflación, endeudamiento, aumento de las tarifas de los servicios públicos, límites a las paritarias, estímulo de la cultura del consumo, etc.). Ha elegido sostener el sistema financiero, las inversiones extranjeras y el modelo extractivo frente a las necesidades del pueblo. La adopción de estas medidas no será gratuita y el gobierno kirchnerista necesita herramientas que permitan contener, atemorizar y reprimir la indignación del pueblo que nuevamente sin consulta alguna está siendo sometido a sacrificios. Ya no está en condiciones de sostener un relato y en los hechos actuar esquizofrénicamente. La ingente vitalidad democrática y las fuertes protestas han llevado a que el discurso sostenido todos estos años se desvanezca para poder hacer uso de la institucionalidad e intentar controlar y reprimir los sectores populares, a los trabajadores, a quienes defienden los bienes comunes.
En los últimos meses claramente la posición ha cambiado. El funcionario encargado de establecer los horizontes de los nuevos rumbos fue el Secretario de Seguridad, Sergio Berni quien declaró la guerra a los piquetes. El punto de inflexión fue el bloqueo por habitantes del Barrio Carlos Mugica (Ex villa 31-31bis) durante 9 días de la Autopista Illía en los primeros días del mes de enero de este año donde el Estado Nacional decidió intervenir. Luego sucedió a fines de enero el intento de empleados tercerizados de Aerlíneas Argentinas y Austral de cortar la Av. Costanera frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Sergio Berni encabezó un fuerte operativo policial y expresó estar “asqueado de que un grupo minúsculo corte la calle”. En simultáneo acusaba a Macri de no adoptar medidas para impedir los bloqueos de manteros desalojados de Balvanera. También los calificó de “agresión ciudadana” al referirse a las protestas realizadas en la Av. Gral. Paz y la Autopista Panamericana que fueron desalojadas con violencia.
Este proyecto de ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas rescata los argumentos antipiquetes por excelencia, el derecho a la libre circulación, la colisión de derechos. Posición reaccionaria que cierra los ojos ante tantos otros derechos involucrados más allá de la libertad de expresión o de circulación, como los derechos sociales, los ambientales, los políticos, la defensa de la dignidad como fuente de todo derecho humano. Como lo que se detesta es la defensa de estos derechos se los equipara a un derecho que no afecta a la gobernabilidad como la libertad de circulación y se posiciona más a defender éste derecho que aquellos que implican modificar la dirección de las políticas y la distribución del ingreso y el poder. Falsamente se soslaya que los contextos históricos y la constitución atribuyen mayor jerarquía a unos derechos frente a otros, y precisamente el de la circulación vehicular no está en los más altos escalones.
El proyecto expresa criterios para catalogar de legítima o ilegítima una manifestación. Las manifestaciones legítimas a) no impiden el normal funcionamiento de servicios públicos; b) no impide totalmente la circulación de personas y vehículos; c) permite la libre circulación de grupos especialmente vulnerables; d) los manifestantes no cometen delitos; e) es notificada con una antelación de 48 horas (lugar, tiempo, objeto y delegado de la manifestación, para tener responsables a quienes presionar o extorsionar) y f) iniciada la mediación obligatoria no puede durar más de dos horas, la manifestación podrá durar entonces alrededor de dos horas, de lo contrario tornará ilegítima. No es legítima si no se participa de la mediación.
El derecho de protesta es uno de los ejes arquitectónicos de la democracia, cualquier limitación por nuestra historia y los valores constitucionales se presume que tocan su núcleo mínimo que es muy amplio. Claramente esta reglamentación hace casi imposible que una manifestación sea considerada legítima y les quita todo vigor. Las manifestaciones ilegítimas serán dispersadas por las fuerzas de seguridad. Se prohíbe el uso y la portación de armas de fuego. Las armas no letales no pueden ser disparadas directamente hacia los manifestantes. Llamativamente no se habla sobre la utilización de gases, químicos o camiones hidrantes, indudablemente estos serán los métodos de dispersión. Esto habilita represión inmediata más allá que no nos digan que no se están agravando las penas y sancionando nuevos delitos. Estos ya fueron estipulados en años previos.
Los buenos manifestantes gozarán del derecho a que el Estado garantice la visibilidad de las reivindicaciones a través de la adecuada difusión en medios públicos. Como un premio consuelo ante semejante restricción o, mejor dicho, mutilación de nuestro derecho a manifestarnos, el Estado garantiza que algún medio público difunda el objeto del reclamo. Con dos horas de manifestación lograremos unos párrafos en algún medio digital del Estado cómo si este fuera el único objetivo de las manifestaciones. Nuevamente el kirchnerismo se desatiende de la raíz del problema y de su carácter de actor esencial y destinatario de los reclamos y reivindicaciones.
Estipula una mediación obligatoria entre los delegados individualizados en la notificación y personal civil del Ministerio de Seguridad. El “mediador civil” sólo negocia los términos del cese de la manifestación y la canalización de los reclamos. Ni rastros de que los funcionarios destinatarios de los reclamos tengan la obligación de inmediatamente apersonarse y ser responsables de dar respuestas a los reclamos, esto queda a su buena o mala voluntad. Todo este proceso constituye lo que entiende el kirchnerismo por “canales institucionales” y “diálogo entre los funcionarios políticas y la ciudadanía”.
Como esta travesía es útil a todos los gobiernos se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley. Macri sonriente y con un aire de “te lo dije” ha manifestado toda su colaboración en el impulso y aplicación de este proyecto de ley.
Este proyecto de ley constituye un cercenamiento inaceptable en una democracia de nuestro derecho a protestar y manifestarnos. Lss más grandes conquistas de derechos se han realizado por estos medios constituyendo elementos esenciales y principales en la vida democrática y no sólo merecedores de la llamada“tolerancia democrática”. Sin el velo muchos organismos de DDHH empezaron a distanciarse del kirchnerismo. Un claro ejemplo es el del Cels que inmediatamente se diferenció del Gobierno Nacional en cuanto a este proyecto. La protesta ha sido reprimida todos estos años de una u otra forma, con violencia y muertes, con mecanismos que permitían al kirchnerismo irresponsabilizarse por estos hechos y mantenerlos impunes. Este proyecto constituye la otra cara de la moneda de las políticas no igualitarias y de ajuste que está llevando a cabo el kirchnerismo y, como tal, merece ser resistida.
* Integrante del Colectivo por la Igualdad en el Partido Social y Coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
Jonatan Emanuel Baldiviezo
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