El Día Mundial de la Justicia Social, establecido por la ONU el 20 de febrero, busca erradicar desigualdades y promover derechos universales. Desde 2009, esta fecha invita a reflexionar sobre políticas que garanticen equidad laboral, inclusión y acceso a servicios básicos, principios clave para el desarrollo sostenible.
La Asamblea General de la ONU proclamó este día el 26 de noviembre de 2007 (Resolución A/RES/62/10), en respuesta a los desafíos globales identificados en la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social (1995), que destacó la necesidad de vincular crecimiento económico con justicia social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reforzó este marco en 2008 con su Declaración sobre justicia social para una globalización equitativa, promoviendo trabajo decente y protección social.
Objetivos centrales
La conmemoración prioriza:
- Erradicar la pobreza y garantizar empleo pleno y digno.
- Promover igualdad de género y acceso a salud, educación y vivienda.
- Integrar justicia social en agendas climáticas y tecnológicas.
Estos objetivos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
En Argentina, la justicia social ha sido eje de políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en 2009 para reducir pobreza infantil, y el programa Potenciar Trabajo (2020), enfocado en empleo informal. Sin embargo, organizaciones como IDESA destacan que estas medidas son paliativas: en 2024, el 53% de los ingresos en hogares pobres proviene de ayudas estatales, mientras la informalidad laboral alcanza al 47% de este grupo.
En educación, el Acta de Mayo (2024) propone reformas inspiradas en modelos europeos de formación vocacional, buscando vincular escuelas con empresas para mejorar empleabilidad juvenil. Históricamente, movimientos como las Madres de Plaza de Mayo (década de 1980) y el Ni Una Menos (2015) han reivindicado derechos humanos y equidad de género, alineándose con principios de justicia social.
Desafíos actuales
Según el INDEC (2024), el 38% de la población enfrenta pobreza monetaria, y el 43,6% sufre pobreza multidimensional (SIEMPRO), con carencias en vivienda, educación y salud. La brecha de ingresos en hogares pobres es del 39%, evidenciando que sus salarios cubren solo el 61% de la Canasta Básica Total. Además, la inflación (45% en 2023) agrava la precariedad laboral, especialmente en sectores informales.
Argentina requiere políticas estructurales: formalización laboral, reformas educativas y estabilidad económica. La ONU insiste en que sin equidad, no hay desarrollo sostenible. Como señaló la CEPAL, América Latina es la región más desigual, pero también un espacio donde la integración regional (ej: MERCOSUR) puede impulsar modelos económicos con justicia social. El 20 de febrero no es solo una efeméride, sino un recordatorio de que la equidad se construye con hechos, no discursos.
